En este escenario, las élites y los líderes tanto en el sector público como en el privado son convocados por la sociedad civil y están dispuestos a renunciar a privilegios personales y gremiales en aras del bien común. Este escenario parte de un firme compromiso con la equidad. Cuando se percibe que los demás también están contribuyendo, se desencadena un ciclo virtuoso en el que la ciudadanía comienza a confiar y a ceder en pro del bienestar colectivo. Esto se traduce en reformas profundas y acciones concretas que, con el tiempo, fortalecen el Estado de derecho y fomentan una cultura de legalidad.

Como este proceso puede afectar intereses importantes a corto plazo, las inequidades y la inseguridad podrían aumentar. Asimismo, el trabajo para mejorar la equidad terminaría por influir positivamente  en las otras dos “i” (ilegalidad e inseguridad) en el mediano y largo plazo.

Se reconoce la urgencia de la crisis climática y se prioriza la regeneración ambiental en las políticas estatales. Se avanza en la agenda de sostenibilidad y medio ambiente a nivel nacional y local, a pesar de las presiones económicas y culturales derivadas de los intereses de las industrias extractivas y la legítima resistencia de las comunidades indígenas. Se refuerza la cooperación internacional para abordar riesgos ambientales, la educación, la salud y la migración, aunque persisten tensiones constantes provenientes de organismos multilaterales y agendas geopolíticas.

• Existe una mayor claridad en los mecanismos de equilibrio de poder. Emergen medios de comunicación independientes. La toma de decisiones estructurales se ve afectada de manera efectiva debido a la presión ejercida por los ciudadanos y la sociedad civil organizada.

• Se producen modificaciones en las leyes, pero lo más significativo es el cambio cultural en la implementación efectiva y constante de la ley, aunque este proceso ocurre de manera gradual.

• Se registra una disminución en la participación del crimen organizado. Se está progresando en una política de seguridad en ciertos ámbitos-ejecutivo, legislativo y judicial y en el orden de lo nacional y lo local- al mismo tiempo que se aplican cambios constitucionales para formalizar la presencia de la guardia nacional, la SEDENA y la Marina en espacios civiles. Se realiza un esfuerzo continuo para prevenir las violencias y combatir la impunidad. Los gobiernos locales y municipales están recuperando el control de sus territorios de manera progresiva.

• Se demanda una mayor eficacia y transparencia en el uso de los recursos públicos, así como un fortalecimiento de las finanzas estatales y estrategias económicas responsables. Se dan las condiciones, tanto en el ámbito público como privado, para que la economía se fortalezca, alineándose con la agenda ambiental, social y de gobernanza.

• Se está progresando en la aplicación del conocimiento que forma parte del patrimonio de la humanidad, logrando una mayor adaptación a los cambios tecnológicos tanto en entornos educativos como laborales. Esto está dando lugar a una transformación significativa en el mercado de trabajo.

• La participación ciudadana, diversa y multicultural, cobra una relevancia creciente, acompañada por un proceso de aprendizaje enfrentando el desafío de superar la apatía. La sociedad y el Estado están comprometidos en lograr la equidad y la inclusión, implementando acciones afirmativas para grupos históricamente marginados y discriminados. Esta iniciativa fortalece los mecanismos de representación, participación y exigencia ciudadana, a pesar de que persisten prácticas de simulación y limitaciones presupuestarias.

• La ciudadanía se muestra altamente consciente del uso de los recursos públicos, desempeñando un papel de contrapeso frente a posibles malversaciones o desviaciones. Se establece una política integral de bienestar y un sistema de cuidados que promueve el acceso equitativo a servicios públicos de alta calidad. Además, la actuación de los jueces se vuelve cada vez más profesional y autónoma.

• Se logran impulsar cambios de gran envergadura y relevancia, permitiendo una participación amplia de la población en un desarrollo inclusivo y sostenible. Se avanza en la construcción de un diálogo plural que contribuye a reducir la polarización, se opta por disminuir el nivel de estridencia política y se retoma el diálogo con los opositores, creando así un espacio propicio para la corresponsabilidad de líderes políticos, sociales y empresariales en la disminución de la inequidad, ilegalidad e inseguridad.