Este escenario se caracteriza porque las élites y los dirigentes del país en los sectores público y privado están dispuestos a sacrificar sus privilegios personales y gremiales, por un bien mayor y colectivo. Al percibir que los otros ponen de su parte, se genera un círculo virtuoso donde la ciudadanía empieza a confiar y a ceder en beneficio del bienestar común. Esto se traduce en reformas profundas y acciones concretas que, con el tiempo, generan un fortalecimiento del Estado de Derecho y una amplia cultura de la legalidad.

El punto de partida radica en el fin de los pactos de impunidad entre políticos, contratistas, jueces y criminales. Puesto que el cambio trastoca grandes intereses ―ilegales en su mayoría―, en el corto plazo las inequidades y la inseguridad aumentan, pero el trabajo que se lleva a cabo para mejorar la ilegalidad, produce un cambio en las otras dos íes (inequidad e inseguridad) en el mediano y en el largo plazo. Finalmente, el crimen organizado es acotado y deja de ser una amenaza para el Estado mexicano.